Estados Unidos aprobó una ley que pone fondos para combatir la pandemia pero que incluye un inciso sobre el streaming ilegal de contenidos. Te contamos qué dice, y qué implica, ¡a continuación!
El congreso estadounidense aprobó una ley para dedicar fondos a combatir la pandemia. Si bien esto suena a buena noticia, el detalle es que se incluye extrañamente una propuesta que criminaliza al streaming ilegal con hasta 10 años de carcel. Sin embargo, el objetivo de este inciso no son los usuarios individuales sino los dueños de los sitios en cuestión.
La ley se aprobó el lunes 21 de diciembre en el congreso, y destina $900 mil millones de dólares a la lucha contra el COVID-19. Con este nuevo plan se busca reestablecer los beneficios por desempleo en el país del norte. El documento que incluye más de 5,000 páginas figura además una propuesta del senador Thom Tillis, presentada hace apenas dos semanas. Esta busca, sin nada que ver con el Covid, criminalizar a los dueños de servicios de streaming ilegales que “toman ventaja comercial o para ganancia privada y ofrecen o proveen al público un servicio de transmisión digital” de medios sin licencia.
Bipartisan legislation I led with @SenatorLeahy to fight illegal streaming by criminal organizations will be signed into law this week. It will end commercial piracy by criminal organizations and will not apply to internet users.https://t.co/HTxp6PNhJl
— Senator Thom Tillis (@SenThomTillis) December 21, 2020
Las penas propuestas incluyen multas y prisión por tres años, pero que se pueden extender si “la persona sabía o debería haber sabido que el trabajo estaba siendo preparado para transmitirse en público“. En caso de múltiples delitos, la pena puede extenderse a diez años. El gobierno asegura que no se perseguirá a los usuarios de estos sistemas, sino a los dueños de los sitios… y que por supuesto, no afectará a los dueños del contenido o quienes tengan licencias. “El cambio a streaming de contenido online resutltó en que servicios de streaming criminales distribuyan material con copyright y le cuesten a Estados Unidos unos $30 mil millones de dólares cada año, y dificulta la producción de contenido creativo que los estadounidenses disfrutan“, explicó Tillis en su declaración.
Desde la organización Public Knowledge que defiende la libertad de expresión y la red abierta respondieron que la propuesta de Tillis es innecesaria. La consejera Meredith Rose explicó que las penas actuales son suficientes, pero destacó que “esta propuesta cuidadosamente detallada evita criminalizar usuarios que no hacen más que hacer click en un link o subir un archivo. Además, no criminaliza streamers que hagan uso de trabajos sin licencia como parte de sus streams“.
Esta es la primera vez que una ley de este tipo es aprobada, dado que el intento anterior, la Stop Online Piracy Act de 2012, se encontró con el rechazo masivo de la red y no fue aprobada.
