El juicio contra Meta reúne a 29 estados de Estados Unidos que acusan a la compañía de diseñar Facebook e Instagram para fomentar un uso adictivo entre niños y adolescentes, minimizar los riesgos de sus plataformas y recopilar datos de menores sin consentimiento.

El juicio contra Meta comenzó esta semana en un tribunal federal de Oakland, California. Los estados acusan a la compañía de haber diseñado Facebook e Instagram para generar un uso adictivo entre niños y adolescentes, engañar al público sobre los riesgos de sus plataformas y recopilar información de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres.
La selección del jurado empezó el 12 de agosto y los alegatos iniciales se presentaron el 18. El litigio se originó en una demanda de 2023 y podría afectar tanto las sanciones que enfrenta la empresa como algunas funciones centrales de sus aplicaciones.
Los demandantes no buscan únicamente una compensación económica. También pretenden que Meta modifique determinadas características de sus plataformas y sus prácticas relacionadas con los usuarios menores de edad, un debate que ya impulsó nuevas restricciones para las redes sociales en otros países.
¿Por qué comenzó el juicio contra Meta?
La demanda federal presentada en octubre de 2023 sostiene que Meta conocía los posibles efectos perjudiciales de algunas funciones sobre los jóvenes, pero decidió mantenerlas porque aumentaban el tiempo que los usuarios pasaban en sus aplicaciones.
Entre los elementos cuestionados aparecen el scroll infinito, la reproducción automática, las recomendaciones algorítmicas, las notificaciones y los sistemas de Me gusta. Los estados alegan que estas herramientas fueron utilizadas para incentivar un uso repetitivo y compulsivo de Facebook e Instagram.
La acusación no se limita a la salud mental. Los fiscales afirman que Meta recopiló información personal de menores de 13 años sin el consentimiento verificable de sus padres y que esa conducta viola la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA, por sus siglas en inglés).
Meta intentó que el caso fuera desestimado en varias ocasiones. Sin embargo, en junio de 2026, la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers determinó que existían disputas de hecho que debían resolverse en juicio, entre ellas si las plataformas fueron diseñadas para resultar adictivas y si la compañía engañó al público.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito también rechazó en agosto un último intento de Meta para frenar el proceso.

¿Qué estados participan del juicio?
La demanda consolidada reúne a fiscales generales de 29 estados, entre ellos California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey. El expediente incluye reclamos bajo la ley federal COPPA y bajo distintas normas estatales de protección al consumidor.
No todos los reclamos van a resolverse al mismo tiempo. El proceso de Oakland funciona como una de las primeras grandes pruebas judiciales dentro de un conflicto más amplio por el diseño y la seguridad de las plataformas sociales.
¿Cuánto dinero podría tener que pagar Meta?
Las cifras que aparecen en el expediente son enormes, pero todavía no representan una condena. Meta calculó que las sanciones potenciales podrían alcanzar hasta US$1,4 billones si se aplicaran los máximos previstos para todas las infracciones alegadas.
No existe todavía una cifra definitiva para una eventual sanción. El tribunal debe determinar primero la responsabilidad de la empresa y, recién después, evaluar cuántas infracciones quedaron probadas y qué límites corresponden en cada caso.
¿Qué dice Meta en su defensa?
Meta rechaza las acusaciones y afirma que los estados presentan fuera de contexto documentos internos y decisiones tomadas por la compañía. También cuestiona que exista una relación causal directa entre el uso de sus plataformas y los daños atribuidos por los demandantes.
La empresa dirigida por Mark Zuckerberg sostiene que los problemas de salud mental entre adolescentes responden a múltiples factores. En su respuesta pública sobre la protección de menores, enumera herramientas de seguridad, controles parentales y restricciones de contenido.
Entre esas medidas están las cuentas para adolescentes (Teen Accounts), que aplican configuraciones de privacidad más estrictas y límites sobre los contactos y el contenido disponible. Meta también amplió sus sistemas para detectar la edad de los usuarios, mientras prueba otros cambios para Facebook e Instagram.

Qué está en juego en el juicio contra Meta
La posible multa es apenas una parte del caso. Si los estados demuestran sus acusaciones, la jueza podría ordenar cambios sobre características que hoy forman parte de la experiencia cotidiana de Facebook e Instagram.
El resultado también va a ser observado en otros procesos contra TikTok, YouTube y compañías que enfrentan reclamos relacionados con la salud mental de los jóvenes y el diseño de sus productos.
El juicio de Oakland llega poco después de una sentencia separada en Nuevo México. Allí, un tribunal ordenó a Meta pagar US$567 millones adicionales y aplicar reformas supervisadas durante cinco años. Sumada a una sanción previa de US$375 millones, la exposición financiera total en ese estado asciende a US$942 millones.
Se trata de un caso diferente, con otras leyes y otro tribunal. Aun así, demuestra que las consecuencias pueden ir más allá de una multa: la sentencia de Nuevo México también incluyó cambios sobre verificación de edad, notificaciones nocturnas, privacidad y límites de uso para menores.
¿Cuándo se conocerá el resultado?
No hay una fecha oficial para el fallo. El proceso recién comenzó y todavía debe atravesar la presentación de documentos, expertos, exempleados y ejecutivos de la compañía.
El jurado tiene un papel asesor, por lo que la decisión final va a quedar en manos de Gonzalez Rogers. Hasta entonces, Meta no fue declarada responsable en este caso y las acusaciones de los estados deberán probarse en el tribunal.
Lo que se resuelva podría afectar no solo a Facebook e Instagram. También puede marcar cuánto margen van a conservar las grandes plataformas para diseñar productos dirigidos a usuarios jóvenes y qué obligaciones tendrán cuando esas funciones sean cuestionadas por sus posibles efectos adictivos.
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