“Los escuchamos,” declaró Unity en un posteo en X sobre el cambio de políticas del motor gráfico sin parecer haber escuchado tanto. Te contamos qué dijeron y a qué viene, ¡en esta nota!
Después de una reacción prácticamente universal de rechazo, Unity quiere dar marcha atrás con su nueva política recientemente anunciada para cobrar a los desarrolladores una tarifa por la instalación de juegos. Sin embargo, la compañía de motores de juego aún no contó exactamente qué implica ni cómo será su modelo a presente y futuro. Eso sí, dijeron que están escuchando: si no es a los desarrolladores, capaz a los que estaban pensando en hacer juicio.
En Twitter, Unity emitió una declaración sobre la nueva política después de que los desarrolladores de juegos salieran a criticarlos. Es que, bajo el nuevo plan, la empresa quería cobrarle un monto fijo a los desarrolladores por cada vez que se instalen juegos. Es decir que, borrando un juego y reinstalandolo, podías costarle dinero al creador.
“Los escuchamos“, dijo Unity. “Pedimos disculpas por la confusión y la angustia que causó la política de tarifas de tiempo de ejecución que anunciamos el martes. Estamos escuchando, hablando con nuestros miembros del equipo, comunidad, clientes y socios, y haremos cambios en la política. Compartiremos una actualización en unos días.”
Los cambios eran radicales y podían implicar que algunos creadores de repente tuvieran deudas enormes con Unity, dado que el cambio era retroactivo. Al principio, parecía que incluso las demos se contabilizarían, así como las instalaciones en servicios de suscripción como Xbox Game Pass y PS Plus, aunque posteriormente se omitieron estas situaciones del programa. La reacción en la industria fue casi inmediata.
A pesar de la declaración pública de Unity, todavía existe escepticismo. Por ejemplo, Geoff Keighley, fundador y presentador de The Game Awards, respondió en Twitter diciendo: “Vamos a ver los cambios.”
A principios de este año, Unity supuestamente redujo 600 puestos de trabajo como parte de una serie de despidos, con planes para reducir las oficinas en todo el mundo de 58 a menos de 30.
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